CANDELERO

by / Comentarios desactivados en CANDELERO / 14 View / enero 11, 2017

Todo el apoyo legal a las Fuerzas Armadas

La Ley de Seguridad Interior es esencial para el Sistema Nacional Anticorrupción

Por Abraham Mohamed

Por fin, en el trimestre del Segundo Período de Sesiones del Segundo Año de la LXIII Legislatura que se inicia el 1 de Febrero y termina en Abril, se aprobará la llamada Ley de Seguridad Interior que dará certeza jurídica a las Fuerzas Armadas para actuar, al dar seguridad a los ciudadanos, en aquellas ciudades o regiones donde las autoridades locales no cumplan con esa función.

Los trabajos para el análisis de las iniciativas propuestas para tal propósito que se iniciaron en el Senado de las República fueron moderados por el presidente de la Mesa Directiva, Pablo Escudero participando líderes de las fracciones parlamentarias tanto senatoriales como de los diputados, el Consejo Jurídico del Ejecutivo y el ameritado académico Jorge Islas.

Se advierte que esencialmente todos fueron coincidentes en la necesidad de aprobar lo más pronto posible ésta Ley a fin de dar firmeza la plataforma de lo que será el Sistema Nacional Anticorrupción que también está por aprobarse.

Para empezar, el diputado César Camacho Quiroz, coordinador de la fracción del PRI, advirtió que la falta de normatividad en la materia “no sólo suele poner en aprietos a las Fuerzas Armadas, sino que resta seguridad jurídica a los ciudadanos”.

Por ello, consideró indispensable una Ley de Seguridad Interior moderna, de corte democrático, “para mantener siempre  libertad, justicia y paz”.

Reconoció que actualmente existe la cierta solidez para fundamentar el quehacer de las Fuerzas Armadas en lo referente a seguridad interior, pero es una obligación jurídica, política y ética darles certeza jurídica y regularizar su actuación.

Por su parte, el senador Roberto Gil Zuarth, de la fracción del PAN precisó que las Fuerzas Armadas desde 2006 sustituyeron parcial o totalmente la responsabilidad civil, estatal y municipal y por lo mismo, se perdió el propósito de que los gobiernos locales reorganizaran sus propios cuerpos policíacos para hacerlos confiables y eficaces. No invirtieron en ello los gobernadores atenidos a que las Fuerzas Armadas hacían esas tareas, lo cual, francamente, hay que corregir.

Expuso que en 2012 había 75 bases militares mixtas de seguridad pública, con 1,680 efectivos militares desplegados que aumentaron a 142 con 3,386 soldados en 2016, o sea que en cuatro años se duplicó el despliegue militar.

Aclaró que las Fuerzas Armadas no se pueden ir porque no hay quien las sustituya y que lo que debe hacerse es sustituirlas por Fuerzas Policíacas Civiles, confiables, competentes y bien pagadas porque de no hacerlo no se frenará la violencia en el país.

También dejó claro que su Iniciativa no amplía los marcos de actuación de las Fuerzas Armadas ni cambia los objetivos de su intervención pues solo regula una función constitucional ya que no amplía los supuestos de intervención, ni sus facultades constitucionales, no causa que las autoridades civiles queden subordinadas; tampoco limita el ejercicio los derechos humanos y no faculta a los militares para intervenir en forma permanente en una zona, ya que se fija un plazo máximo de seis meses para ello.

El senador Miguel Barbosa Huerta, de la fracción del PRD, destacó que “la sociedad mexicana está atrapada entre el asedio de la delincuencia organizada, la ineficacia y corrupción de muchas de sus corporaciones policíacas y la actuación sin un marco legal claro de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública”.

Consideró que la regulación debe establecer la normatividad para que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles y contemplar, como condición previa para su aplicación, confirmar la ineficacia de las fuerzas policíacas civiles para enfrentar y atender una amenaza a la seguridad interior.

“La discusión y emisión de una Ley de Seguridad Interior –asentó– debe partir de la situación política que atraviesa el país y reconocer que el Ejército y la Marina se encuentran actualmente en las calles realizando funciones de seguridad pública”.

El diputado federal Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, señaló que las tareas de seguridad interior dependen de la recuperación de las capacidades institucionales de los Municipios y Estados del país, con la reforma del Mando Mixto. La propuesta plantea un esquema para retirar progresivamente a los Marinos y Militares, en la medida que se vayan reestructurando sus propios cuerpos policíacos.

Dijo que no debe utilizarse el criterio de seguridad interior para que las Fuerzas Armadas participen en manifestaciones de orden social y electoral.

Además, coincidió con el senador Gil y el diputado Camacho, para no precipitar una reforma para atender la necesidad mediática y social, sino atender de raíz y sin prisas la realidad que reclaman los mexicanos. Esta reforma, busca atender esas causales de origen.

La línea presidencial la expuso Humberto Castillejos Cervantes, Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, precisando que desde 1917 no ha existido una legislación secundaria sobre la facultad constitucional del Presidente de la República para “disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para proteger la seguridad interior del país”.

Enfatizó que es fundamental que las instituciones democráticas del Estado construyan el andamiaje constitucional para el ejercicio de la seguridad interior, pues en una democracia las autoridades actúan con base en la ley “y para poder actuar en forma regulada lo mejor es tener las reglas claras, precisas y concisas”.

Además, destacó la importancia de definir las diferencias que existen entre los cuatro supuestos de seguridad que establece la Carta Magna: la seguridad personal como un derecho humano, la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad interior, lo que permitirá regular la actuación de todas las instancias públicas implicadas en estas materias.

Para el doctor y académico Jorge Islas López, la Ley de Seguridad Interior es una oportunidad para impulsar un marco legal que ofrezca mayor certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en sus funciones para el resguardo de la seguridad interior del Estado.

El trabajo de estas, dijo, debe ser regulado como acciones de auxilio no permanente, en las que la autoridad civil determinará el curso de las acciones y, la fuerza armada al ser apoyo, quedará subordinada ante esta autoridad para atender la circunstancia de colaboración, y no debe suplir responsabilidades y obligaciones asignadas por la ley.

México, dijo, cuenta con buenos Ejércitos, por su patriotismo, disciplina, lealtad, institucionalidad pero faltan las leyes necesarias que hagan de su actuación en defensa del Estado, un elemento de certeza y seguridad en el cumplimiento de sus funciones con pleno respeto a los derechos fundamentales.