El modelo represivo se reimplanta en Migración

by / Comentarios desactivados en El modelo represivo se reimplanta en Migración / 10 View / junio 17, 2019

Por: (Proceso).

CIUDAD DE MÉXICO. Junio 17 de 2019

La renuncia del académico Tonatiuh Guillén López al frente del Instituto Nacional de Migración (INM), y su sustitución por Francisco Garduño Yáñez, cuyo perfil combina atributos políticos y policiacos, concretan el endurecimiento de la estrategia del gobierno federal para frenar la migración y cumplir su compromiso con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Guillén López nunca fue considerado en este compromiso. Ni él ni ningún funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) acudió a la conferencia matutina del martes 11, cuando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó al nuevo “equipo especial” encargado de aplicar las medidas migratorias que son exigencia del mandatario estadunidense.

La advertencia sobre la pronta renuncia de Guillén se materializó en la tarde del viernes 14, cuando el comisionado envió un oficio a Andrés Manuel López Obrador para oficializar su dimisión después de cuatro meses de ser excluido paulatinamente de la conducción de la política migratoria.

Previo al arranque de la nueva administración federal, Guillén –doctor en sociología por El Colegio de México y exdirector de El Colegio de la Frontera Norte– expresó su rechazo a las políticas represivas aplicadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando México deportó a 700 mil centroamericanos.

Sin embargo, bajo la creciente presión del gobierno de Trump, el INM abandonó el enfoque “humanista” y de “derecho humano a migrar” que Guillén promovió durante su trayectoria.

En el tercer mes de la administración de Guillén, el INM echó mano de la maquinaria de detención y deportación heredada del sexenio anterior: sólo en mayo el gobierno mexicano retornó a 532 personas por día, 100% más que en el mismo mes de 2018.

Cifras insuficientes para Trump, éste exigió más amenazando con imponer aranceles a los productos mexicanos. El viernes 7, el gobierno de López Obrador aceptó reducir “significativamente” el paso de los indocumentados en un plazo de 45 días, principalmente con el despliegue de 6 mil agentes de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala.

Exclusión paulatina

En las últimas dos semanas, Ebrard acaparó por completo el tema migratorio, convertido en el punto medular de la relación bilateral entre ambos gobiernos: el canciller tiene 45 días para presentar a Trump resultados “satisfactorios”, so pena de que imponga un acuerdo a México como “Tercer País Seguro”.

Así quedó marcado ante el nuevo equipo especial que el canciller y el presidente conformaron para concretar el acuerdo con Washington. El grupo lo integran Garduño, así como el general brigadier Vicente Antonio Hernández, comandante de la 36 Zona Militar con sede en Tapachula; Horacio Duarte, quien supervisa el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; Javier May Rodríguez, subsecretario de Bienestar, y Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe.

La dimisión de Guillén pone un punto final al experimento de la llamada Cuarta Transformación que consistió en confiar el INM a un académico abiertamente opuesto a la política de contención migratoria y a las medidas represivas instrumentadas durante el gobierno de Peña Nieto.

En la administración del priista, el INM estuvo a cargo de Gerardo Elías García Benavente y de Ardelio Vargas Fosado, dos expolicías del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quienes abordaron el problema migratorio desde un enfoque represivo.

Durante una entrevista con Proceso en noviembre último, Guillén prometió un cambio drástico en la política migratoria mexicana, que implicaría el cese de las deportaciones sistemáticas, operativos y militarización de las tareas migratorias en el contexto del Plan Frontera Sur, implementado durante el sexenio de Peña Nieto.

En esa ocasión insistió en que “el gran desafío del nuevo diseño de la política migratoria es trascender al concepto de contención y consolidar el concepto de derechos humanos y de desarrollo (…) sacar la movilidad de las personas del mapa de la seguridad nacional”.

Anunció entre otras medidas que ya no habría operativos, que se abandonaría el encarcelamiento de migrantes –especialmente de menores de edad– y se daría un mejor acompañamiento a las caravanas de migrantes. Reiteró que las políticas de contención resultaron inútiles: “Los flujos los hemos tenido de manera más intensa en la última década; se han agudizado y estamos en un punto límite, están creciendo”.

En diciembre pasado Guillén aseguró que la llamada “nueva política migratoria” de México permitiría un mayor ingreso regular para los centroamericanos –mediante el otorgamiento de tarjetas, entre otros documentos–, un mejor seguimiento a las solicitudes de refugio y una atención particular a la protección de los derechos humanos de los migrantes.

En la práctica eso no ocurrió. Desde febrero último, el INM –apoyado por la Policía Federal y fuerzas militares– desmanteló las ocho caravanas migrantes que pretendieron cruzar México, dejó de entregar tarjetas de visitante por razones humanitarias, rebasó (a veces hasta lo doble) las capacidades de los centros de detención migratoria y regresó a una política de detención y deportación sistemática.

En noviembre último, Proceso preguntó a Guillén sobre la estrategia que se emplearía para que Trump aceptara la nueva política migratoria mexicana. El académico llamó a que Estados Unidos reconociera su responsabilidad por los desmanes que causó en Centroamérica y en el aspecto migratorio. “Ojalá y el cambio político en Estados Unidos revierta estas posiciones imperialistas…”.

–¿Y si no?

–Y si no, seguiremos en problemas.

Este texto se publicó el 16 de junio de 2019 en la edición 2224 de la revista Proceso.